Por: Luis A. Mancilla Gómez – Experto en Seguridad e inteligencia – Representante de Defensa Personal DGMN Ministerio de Defensa Nacional Gobierno de Chile.
En los últimos meses, el incremento de la delincuencia en nuestro país ha generado una profunda preocupación entre la ciudadanía. Robos a mano armada, asaltos en la vía pública, hurtos en el transporte y actos de violencia han puesto en jaque la sensación de seguridad de millones de personas. Ante esta realidad, muchas se preguntan: ¿hasta qué punto tengo derecho a defenderme? ¿Puedo usar la fuerza? ¿Y si esa defensa causa daño al agresor?
Este artículo busca aclarar los derechos y responsabilidades que tienen los ciudadanos frente a situaciones de peligro, desde una perspectiva legal, ética y de seguridad colectiva.
El derecho a la legítima defensa: reconocido, pero regulado
La Constitución de nuestro país —al igual que los códigos penales de la mayoría de las naciones democráticas— reconoce el derecho a la legítima defensa como un principio fundamental. Esto significa que toda persona tiene derecho a proteger su vida, integridad física, libertad o bienes frente a una agresión ilegítima, actual o inminente.
Sin embargo, este derecho no es ilimitado . La ley establece tres condiciones esenciales para que una acción defensiva sea considerada legítima:
- Existencia de una agresión ilegítima : Debe haber una amenaza real, no imaginaria ni provocada por uno mismo.
- Necesidad racional del medio empleado : La fuerza usada debe ser proporcional a la amenaza. Por ejemplo, no se justifica usar un arma de fuego contra alguien que intenta robar una mochila sin violencia.
- Falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende : Si uno inicia la confrontación, pierde el derecho a invocar la legítima defensa.
Superar estos límites puede convertir a la víctima en responsable penal por lesiones, homicidio o uso indebido de armas.
¿Armas para defenderse? Un debate complejo
En medio del miedo, muchos ciudadanos consideran adquirir armas de fuego como medida de autoprotección. Sin embargo, en la mayoría de los países de América Latina —incluido el nuestro—, la tenencia de armas por civiles está altamente regulada . En muchos casos, incluso prohibido salvo excepciones muy específicas (como personal de seguridad autorizado o zonas rurales con permisos especiales).
Además, estudios internacionales muestran que la proliferación de armas en manos civiles no reduce la delincuencia , sino que aumenta los riesgos de accidentes, conflictos escalados y violencia doméstica. Defenderse no siempre requiere un arma: la prevención, la alerta comunitaria y el uso inteligente de recursos (como alarmas, rutas seguras o aplicaciones de emergencia) suelen ser más efectivos y menos peligrosos.
Autoprotección inteligente: más allá de la fuerza
El verdadero derecho a defenderse no se limita a reaccionar con violencia en el momento del ataque. Incluye también el derecho a vivir en un entorno seguro , lo cual implica exigir al Estado políticas efectivas de prevención del delito, inversión en seguridad pública, justicia oportuna y rehabilitación de infractores.
Mientras tanto, los ciudadanos pueden adoptar medidas prácticas y legales:
- Evitar zonas de alto riesgo , especialmente de noche.
- No exhibir objetos de valor en espacios públicos.
- Formar redes vecinales de vigilancia coordinadas con las autoridades.
- Capacitarse en defensa personal no letal (como técnicas de escape o uso de aerosoles de pimienta, donde estén permitidos).
- Conocer los números de emergencia y rutas de evacuación .
La autoprotección empieza con la conciencia, no con la confrontación.
Cuando la defensa se vuelve justicia por mano propia
Uno de los mayores riesgos en contextos de inseguridad es la tentación de hacer “justicia por mano propia”. Detener a un ladrón, golpear a un asaltante o incluso lincharlo puede parecer una respuesta justa en el calor del momento, pero socava el Estado de Derecho . Solo las autoridades competentes tienen el deber y la facultad de investigar, detener y sancionar.
Además, actuar como juez y verdugo puede tener consecuencias legales graves: desde procesos por lesiones hasta homicidio culposo o doloso. La legítima defensa protege al que actúa para salvarse, no al que busca venganza.
Conclusión: Defenderse sí, pero con responsabilidad
El derecho a defenderse es un pilar de la dignidad humana, pero debe ejercerse con prudencia, proporcionalidad y respeto a la ley. En tiempos de inseguridad, es comprensible el miedo y la frustración, pero la respuesta no puede ser la violencia descontrolada ni la desconfianza total en las instituciones.
Mientras exigimos al Estado que cumpla su deber de garantizar la seguridad, también debemos asumir nuestra parte: informarnos, organizarnos, prevenir y actuar con responsabilidad. Porque una sociedad segura no se construye con más armas, sino con más derechos, más justicia y más ciudadanía activa.
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