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Querella criminal por millonaria estafa de Sunflower Technology: abogado Ricardo Bravo Cornejo representa a 50 víctimas con pérdidas superiores a los 3.000 millones de pesos Santiago, 11 de julio de 2025
Una nueva estafa masiva ha golpeado a cientos de familias chilenas, luego de que se confirmara el cierre inesperado de la plataforma digital de inversiones Sunflower Technology SPA, que operaba bajo la fachada de una fintech confiable y moderna. La empresa, con domicilio en Avenida Apoquindo 4501, oficina 1904, Las Condes, ofrecía rentabilidades mensuales de hasta un 12% y captó a miles de usuarios mediante estrategias digitales, publicidad engañosa y una aparente estructura legal sólida.
La situación detonó el pasado 7 de julio, cuando el equipo chileno de Sunflower anunció a través de redes sociales un supuesto "fallo en las transferencias", inhabilitó la aplicación móvil y eliminó todos los canales de contacto. Desde entonces, comenzaron a multiplicarse las denuncias públicas de inversionistas que no han podido recuperar sus fondos. Varios de ellos afirman haber sido bloqueados, engañados y desinformados durante días por los representantes de la empresa, tanto en Chile como en el extranjero. Frente a esta grave situación, el abogado Ricardo Bravo Cornejo anunció que presentará una querella criminal en representación de 50 personas afectadas, quienes en su conjunto han sufrido un perjuicio patrimonial que supera los 3.000 millones de pesos.
Según el jurista, los montos defraudados van desde los 2.000 hasta más de 50.000 dólares por persona, lo que revela una operación delictiva de gran envergadura. “Estamos frente a un fraude de características sistemáticas y organizadas, con víctimas reales que confiaron sus ahorros, pensiones y fondos familiares en lo que creyeron era una alternativa segura de inversión.
El impacto ha sido devastador. Esto no fue una imprudencia; fue un delito orquestado con apariencia de legalidad”, declaró Bravo. De acuerdo con el abogado, la querella será presentada ante el Juzgado de Garantía competente y está dirigida, en primera instancia, contra el representante legal de Sunflower en Chile, Jaime Adolfo Mena Millares, así como contra otras personas que resulten responsables, incluyendo un ciudadano extranjero domiciliado en Singapur, identificado como responsable ante el SII. La acción penal contempla los delitos de estafa, asociación ilícita, lavado de activos y fraude informático. También se solicitarán medidas cautelares para evitar el desvío de fondos y asegurar la persecución penal de los involucrados. Bravo sostiene que esta estafa no sólo fue posible gracias al engaño directo, sino también a una estructura bien diseñada para simular legalidad: “La empresa contaba con oficinas físicas, aplicación móvil profesional, sitio web activo y afirmaciones públicas de estar en proceso de validación ante la Comisión para el Mercado Financiero.
Además, durante los primeros meses cumplían con los pagos, lo que reforzaba la confianza. Muchas personas ingresaron por recomendaciones de familiares, en un contexto donde hablar de inversiones significa modernidad y crecimiento económico. Se utilizó un lenguaje técnico y emocional para generar una falsa sensación de seguridad”. El abogado también cuestionó el rol del Estado y de los organismos fiscalizadores, particularmente el de la CMF (Comisión para el Mercado Financiero), que si bien aclaró que Sunflower no estaba autorizada ni fiscalizada, no emitió alertas ni tomó acciones preventivas ante el crecimiento de esta plataforma. “El Estado, a través de sus órganos, debiera contar con mecanismos efectivos de monitoreo y alerta. La omisión, en estos casos, puede ser tan grave como la acción.
La CMF debió advertir oportunamente a la ciudadanía. Además, hay que evaluar si los bancos involucrados cumplieron sus deberes legales de reportar operaciones sospechosas, conforme a la Ley N° 19.913 sobre lavado de activos. No basta con decir que no estaba regulada. Aquí hubo una falta de fiscalización frente a una estafa digital a gran escala, una situación que, lamentablemente, se repite en el país”. Finalmente, el abogado Bravo Cornejo fue enfático en señalar que esta causa busca no solo obtener sanciones penales, sino también sentar un precedente frente a la creciente proliferación de estafas tecnológicas y esquemas Ponzi disfrazados de innovación financiera. “Si bien existe una responsabilidad penal directa por parte de quienes ejecutaron el fraude, también observamos una falta notoria de servicio y protocolos claros por parte de las instituciones encargadas de prevenir estos delitos. Este caso debe marcar un antes y un después en la manera en que el Estado enfrenta los fraudes digitales”.
Ceremonia Militar de Aniversario FFAA
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