La defensa personal femenina se presenta cada vez más como una dimensión clave de la prevención de la violencia de género. Más allá de técnicas físicas, suele integrarse con educación en derechos, salud, bienestar psicologico y físico  y redes de apoyo. Este enfoque busca reducir la vulnerabilidad, aumentar la confianza y promover cambios culturales que cuestionen la violencia como norma. El artículo explora fundamentos, evidencia disponible, barreras de acceso y recomendaciones para políticas públicas, instituciones educativas y comunidades.

Contexto y fundamentos

• Violencia de género: comprende cualquier acto de violencia basada en el género que resulte en daño físico, sexual o psicológico. Las mujeres y personas con identidades de género diversas son las más afectadas.
• Definición de defensa personal: conjunto de habilidades físicas, estrategias de autoprotección, y herramientas de seguridad que permiten a una persona evitar o responder a una agresión de forma proporcional y segura.
• Enfoque integral: la defensa personal no debe entenderse aislada de otras medidas de prevención (educación, entornos seguros, iluminación adecuada, presence de personal de apoyo) y de la defensa de derechos.

Componentes clave de una defensa personal efectiva

• Educación en derechos y autocuidado: conocimiento de leyes, recursos disponibles (denuncias, apoyo psicológico, refugios), y procesos legales.
• Técnicas prácticas: autocuidado, control del entorno, uso de señalamientos de alerta, y, cuando corresponde, técnicas de escape o defensa física proporcionadas por instructores certificados.
• Prevención situacional: evaluación de riesgos, lectura del entorno, planificación de rutas seguras, y establecimiento de redes de confianza.
• Recursos de apoyo: líneas de emergencia, servicios de protección, y acompañamiento policial o comunitario.

Evidencia y beneficios

• Empoderamiento y reducción de vulnerabilidad: investigaciones señalan que la capacitación en defensa personal puede aumentar la autoestima, la autoconfianza y la percepción de control sobre situaciones de riesgo.
• Impacto en la seguridad comunitaria: cuando múltiples actores (escuelas, empresas, municipios) implementan programas de defensa personal junto con políticas de prevención, pueden reducir incidentes y fomentar una cultura de denuncia.
• Limitaciones y realismo: la defensa personal no es una solución única; su efectividad depende de factores contextuales (entorno, apoyo institucional, temporelidad de intervención) y debe integrarse con medidas de protección y respuesta institucional.

Desafíos y consideraciones éticas

• Riesgos de culpabilización de la víctima: evitar enfoques que coloquen la responsabilidad del abuso en la víctima por no haber evitado la situación.
• Acceso equitativo: garantizar que mujeres y niñas de diferentes edades, niveles socioeconómicos y comunidades tengan acceso a formación de calidad.
• Calidad de la instrucción: necesidad de instructores certificados, métodos basados en evidencia, y contenido sensible a experiencias de violencia.
• Cultural y de género: programas deben promover la autonomía sin reforzar roles de género estereotipados.

Implementación: estrategias y buenas prácticas

• Integración en currículos educativos: incluir módulos de defensa personal y derechos humanos en escuelas, universidades y centros de formación.
• Programas comunitarios y municipales: alianzas entre municipalidades, Policía de Chile (o equivalente), y organizaciones civiles para ofrecer talleres regulares.
• Incentivos institucionales: salariales o reconocimientos para docentes y capacitadores, y auditorías de calidad de los programas.
• Evaluación y monitoreo: indicadores de resultado (autoeficacia, denuncias, sensación de seguridad) y mecanismos de retroalimentación de las participantes.
• Adaptación cultural: adaptar contenidos a contextos específicos (trabajo nocturno, transporte público, universidades, comunidades rurales) respetando identidades y experiencias diversas.

Recomendaciones para distintos actores

• Gobierno y políticas públicas: incorporar defensa personal como componente de programas integrales de prevención de violencia de género; asignar fondos para capacitación de instructores y espacios seguros.
• Instituciones educativas: implementar talleres obligatorios de defensa personal y derechos, con enfoque de género y derechos humanos; garantizar accesibilidad para todas las estudiantes.
• Empresas y empleadores: promover capacitaciones para empleadas y políticas de seguridad en el lugar de trabajo; facilitar entornos laborales seguros y canales de denuncia.
• Sociedad civil y comunidad: fomentar redes de apoyo, grupos de autoayuda, y campañas de sensibilización que normalicen la búsqueda de ayuda y la denuncia de abusos.

Conclusión:

La defensa personal femenina, cuando se integra con educación en derechos y redes de apoyo, puede ser una herramienta valiosa para la prevención de la violencia de género. Su efectividad radica en el enfoque integral, la calidad de la instrucción y el compromiso de la comunidad para transformar las dinámicas de poder que sostienen la violencia. No obstante, debe ir acompañada de políticas públicas robustas, transparencia institucional y una cultura que condene la violencia en todas sus formas.
La defensa personal femenina, cuando se integra con educación en derechos y redes de apoyo, puede ser una herramienta valiosa para la prevención de la violencia de género. Su efectividad radica en el enfoque integral, la calidad de la instrucción y el compromiso de la comunidad para transformar las dinámicas de poder que sostienen la violencia. No obstante, debe ir acompañada de políticas públicas robustas, transparencia institucional y una cultura que condene la violencia en todas sus formas.

Columna de opinión: Por Ricardo Bravo Cornejo

Una estafa anunciada en un entorno desregulado

Koddpa se presentó como una plataforma de inversión en dólares, accesible desde una aplicación móvil. Su lógica era simple: ingresar dinero, realizar operaciones simuladas de compra y venta de divisas, y recibir intereses. Las primeras ganancias estaban garantizadas —como ocurre en toda pirámide— y la red se expandía por recomendación de conocidos, amigos y familiares, lo que generaba un círculo de confianza difícil de romper. La confianza, por tanto, se volvió el combustible de la estafa.Sin embargo, el crecimiento de estas plataformas no es casual ni impredecible. Son parte de un ecosistema digital que hoy se encuentra desregulado, sin control suficiente del Estado y sin mecanismos preventivos efectivos por parte de las instituciones públicas. Es aquí donde se instala el núcleo del problema: el fallo preventivo del Estado y la omisión de la administración pública ante nuevas formas de criminalidad digital.

El deber de cuidado del Estado y la prevención como política pública

La administración pública moderna no solo debe actuar reactivamente frente al delito, sino también establecer políticas públicas orientadas a la prevención de daños, especialmente en contextos donde el riesgo es alto y las consecuencias afectan directamente a la ciudadanía más vulnerable. En este caso, muchas víctimas de Koddpa pertenecen a sectores medios, profesionales independientes, jóvenes y adultos mayores, todos ellos expuestos por igual ante la promesa de rentabilidades fáciles en un país golpeado por la incertidumbre económica y la precarización del trabajo.Es aquí donde se evidencia una grave falla de la función preventiva del Estado, que tiene su raíz en:

• La falta de alfabetización digital y financiera a nivel nacional, que impide a los ciudadanos identificar riesgos asociados a plataformas de inversión.
• La escasa fiscalización proactiva por parte de organismos públicos como la CMF (Comisión para el Mercado Financiero), el SERNAC o incluso el Ministerio del Interior, cuya labor debería integrar la supervisión de esquemas que circulan masivamente en el ecosistema digital chileno.
• La ausencia de normativas específicas para plataformas tecnológicas de inversión que operan en la informalidad, aprovechando vacíos legales y la lentitud del aparato estatal para intervenir.

La debilidad del control administrativo en la era digital

La administración pública enfrenta un desafío de transformación urgente. Si bien ha avanzado en modernización, aún opera con lógicas burocráticas tradicionales, incapaces de responder con agilidad y anticipación frente a dinámicas criminales digitales. La creación de unidades especializadas en cibercrimen dentro de la PDI o del Ministerio Público es un paso importante, pero insuficiente. No se trata solo de perseguir penalmente a los responsables, sino de crear un ecosistema estatal coordinado, inteligente y preventivo.Este caso demuestra que no existen protocolos de alerta temprana, ni una institucionalidad pública capacitada para monitorear plataformas emergentes que ofrecen servicios financieros no regulados. La descentralización de competencias, la falta de interoperabilidad entre organismos y la ausencia de una política pública de ciberseguridad económica son síntomas de un Estado que no ha entendido que el delito digital es hoy tan real y dañino como el delito físico.

Propuestas desde la administración pública

Frente a este escenario, es urgente avanzar en un nuevo marco de gobernanza digital, en donde la administración pública asuma con responsabilidad su rol de garante de la seguridad económica de las personas. Algunas medidas concretas incluyen:

1. Implementar una Estrategia Nacional de Alfabetización Financiera Digital, coordinada entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, el Banco Central y la CMF, con un enfoque transversal desde la educación escolar hasta programas comunitarios para adultos mayores.
2. Fortalecer la institucionalidad pública en torno al control de plataformas de inversión no reguladas, exigiendo a cualquier aplicación o servicio que opere en Chile su inscripción ante un registro público de plataformas tecnológicas con fines financieros.
3. Desarrollar una Unidad de Prevención de Fraudes Digitales en el Ministerio del Interior, con facultades para emitir alertas ciudadanas, coordinar con la PDI y SERNAC, y bloquear preventivamente páginas web o apps sospechosas mientras se investiga su legalidad.
4. Establecer un sistema de compensación estatal para víctimas de fraudes digitales, similar a los fondos de garantía para ahorros bancarios, especialmente en casos donde la omisión del Estado o su inacción haya contribuido al daño.
5. Diseñar mecanismos de gobernanza participativa, incorporando a organizaciones sociales, asociaciones de consumidores y expertos en ciberseguridad en el monitoreo y evaluación de políticas públicas en esta materia.

Koddpa no solo nos deja el dolor de cientos de personas engañadas, sino también una advertencia urgente para la administración pública: el futuro del delito ya no se esconde en callejones oscuros, sino en interfaces de usuario, en grupos de WhatsApp y en redes sociales. El Estado no puede seguir siendo un actor pasivo o tardío frente a estas nuevas amenazas. La ciudadanía necesita instituciones públicas que no solo castiguen, sino que prevengan, eduquen, informen y protejan proactivamente.La administración pública debe transformarse, no como una reacción ante el daño, sino como una forma de anticiparlo. Solo así podremos recuperar la confianza en las instituciones, proteger a nuestros ciudadanos y garantizar que el desarrollo digital no sea un espacio para la impunidad.

Por Ricardo Bravo Cornejo, abogado.

¿Dónde queda el debido proceso?
El artículo 19 N° 3 de la Constitución garantiza que ningún procedimiento administrativo podrá privar a un ciudadano de sus derechos sin notificación previa, plazo para presentar pruebas y audiencia de descargo. Sin embargo, múltiples médicos denuncian multas y suspensiones de su habilitación emitidas por errores de plataforma o formatos administrativos, sin ser siquiera notificados con antelación. En un sistema en el que la “emergencia por fraude” justifica toda medida, corre el riesgo de transformarse a su vez en una emergencia contra la profesión médica misma.

 
El proyecto de ley (boletín 14.845), aprobado por la Cámara y ratificado en comisión mixta, endurece las sanciones: multas de hasta 600 UTM, suspensiones de hasta seis meses (o definitivas) e instrucciones de notificación electrónica. Además, traslada la carga de acompañar toda ficha clínica al facultativo; amplía competencias de Compin y Suseso; y dispone derivar al Ministerio Público los posibles fraudes (art. 210 del Código Penal).

Eficiencia vs. Justicia
No podemos negar que el sistema arrastra gravísimos costos: 3 billones de pesos anuales en subsidios y un supuesto 10 % de licencias irregulares. No obstante, en nuestra prisa por “proteger” el erario, corremos el riesgo de vulnerar derechos fundamentales y de dañar el ejercicio mismo de la medicina pública. ¿Cómo confiar en un procedimiento donde quien prescribe el reposo se convierte en fiscalizado –sin garantías– de su propio acto médico? 

Tres propuestas para corregir el rumbo

1. Protocolos claros y participativos. Crear comisiones mixtas (autoridad y colegio profesional) que revisen los casos de sanción antes de imponer multas.
2. Notificaciones con tiempo y forma. Cumplir con Ley 19.880 sobre Procedimientos Administrativos, garantizando plazo real para descargos y presentación de pruebas.
3. Mejorar la plataforma digital. Una herramienta fiable reduce errores de formato que hoy se traducen en sanciones injustas.

La sostenibilidad financiera y el resguardo de la salud de los trabajadores no son fines opuestos: son complementarios. Un sistema de licencias médicas robusto debe equilibrar control responsable con pleno respeto a los derechos de médicos y pacientes. Si no ajustamos este equilibrio, terminaremos protegiendo un esqueleto normativo mientras descuartizamos la confianza en la medicina pública.